JPIC - Coyuntura Política Brasileña

En 2014, el pueblo brasileño vivió la elección más polarizada de nuestra joven democracia – 26 años de régimen democrático – de un lado, el principal candidato de oposición, Aécio Neves, del Partido Social Demócrata Brasileiro (PSDB), partido que gobernó el país entre los años de 1994-2002. Del otro lado, la candidata a la reelección Dilma Rousseff del Partido dos Trabalhadores (PT), encarcelada y torturada por dos años, durante la dictadura militar brasileña.

La campaña electoral fue extremamente disputada. Al final, Dilma Rousseff fue reelecta presidenta del Brasil, con una diferencia de tres millones de votos a su favor. Un resultado apretado para el contexto brasileño.
 
Aunque el Partido dos Trabalhadores haya tenido éxito en la reelección de su candidata al principal cargo del ejecutivo nacional, no logró la misma victoria en el poder legislativo. La Cámara de los Diputados pasó a estar compuesta, en su mayoría, por sectores conservadores de la sociedad. Las fuerzas conservadoras se articularon creando en la Cámara de los Diputados lo que estamos llamando la Bancada BBB (Buey, Bala y Biblia), el ‘Buey’ representado por los diputados ligados al agro-negocio/agropecuaria, la ‘Bala’ representada por actores de la seguridad pública como delegados y policías civiles y militares, la ‘Biblia” representada mayoritariamente por diputados pastores (líderes), de perfil fundamentalista, representantes de las iglesias neo pentecostales.
 
En este contexto, el diputado federal Eduardo Cunha fue electo presidente de la Cámara de los Diputados Federales, con apoyo mayoritario de esos sectores conservadores de la bancada BBB. Cabe añadir que el diputado Eduardo Cunha tiene un historial de implicaciones en escándalos de corrupción desde la década de 1990. Desde que ese diputado asumió el puesto de presidente de la Cámara Federal, comenzó a actuar con el objetivo de perjudicar al gobierno de la Presidenta Dilma.
 
Paralelo a eso, por iniciativa de los órganos del poder judiciario, inició una de las mayores investigaciones ocurridas en Brasil, la operación Lava Jato. Esa investigación busca desmontar esquemas de corrupción instalados desde 1980 (época de los gobiernos militares) en la empresa estatal brasileña PETROBRAS, una de las mayores empresas petroleras del mundo. 
 
En ese contexto, manipulando los hallazgos de esa investigación, sectores del poder judiciario y de los medios de comunicación brasileños pasaron a utilizar los resultados de la misma para incentivar un proceso de alienación colectiva, con el objetivo de culpabilizar el Partido dos Trabalhadores y sus aliados, acusándoles de desencadenar un proceso institucional de corrupción.
 
Los medios de comunicación promueven una divulgación selectiva de la investigación, apuntando solamente la participación de actores políticos ligados al Partido dos Trabalhadores. El propio poder judicial, sin embargo, ya asumió públicamente que la corrupción de PETROBRAS remonta a la época de los gobiernos militares (década de 1980) y que los gobiernos del Partido dos Trabalhadores fueron los que más dieron independencia y estructura de investigación para la Policía Federal y judicial.
 
El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, diversas veces nombrado por delatores de la Operación Lava Jato como uno de los protagonistas de los esquemas de corrupción de PETROBRAS, se une con los partidos de centro derecha para intentar aplicar un proceso de “impeachment” sin base constitucional. 
 
La acusación contra la presidenta se apoya en un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, que sugirió el rechazo de las cuentas del Gobierno Federal del año 2014, basado en el argumento de que la presidenta cometió un acto ilícito denominado “errores en los informes fiscales”. Pero, el acto practicado por la Presidenta Dilma Rousseff, también fue practicado por todos los presidentes brasileños electos luego del período de redemocratización. Los mismos actos también lo practican dieciocho gobernadores de estados y diversos alcaldes.
 
 
Lo que está en curso actualmente en Brasil es un golpe que intenta derribar la presidenta, democráticamente electa, a partir de justificaciones aparentemente legales, pero que esconden una organización golpista que tiene como principal objetivo apoderarse de la Presidencia de la República para impedir la continuidad de las investigaciones de la operación Lava Jato, que está revelando la participación de políticos de varios partidos de la oposición, inclusive el Presidente de la Cámara de los Diputados.
 
Sectores de la clase económica más adinerada del Brasil está financiando protestas de calle contra la presidenta Dilma. En un camino contrario, los movimientos sociales, las fuerzas de izquierda, las universidades, la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil (CNBB) y diversos sectores de la iglesia católica están ocupando las calles del país posicionándose en contra del “impeachment” de la presidenta Dilma Rousseff.

Émerson Santos
Licenciado en Administración pública
Hna. Marcia Ferreira SI-JPIC
06/06/2016
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